DENUNCIAS Y RESPONSABILIDADES: EL TIEMPO LE DIO LA RAZÓN AL CONCEJO

La polémica por la cesión de terrenos a centros de jubilados en Tolhuin volvió a ocupar la agenda pública tras conocerse la imputación formal del intendente Daniel Harrington, su secretaria de Gobierno Paula Cejas y el secretario de Legal y Técnica Alexis Sebastián Solís, en una causa que investiga, entre otras cosas, el presunto ingreso ilegal a una propiedad privada.

La situación judicial remite inevitablemente a un debate anterior: la sesión extraordinaria convocada en junio de 2024, en la que el Ejecutivo solicitó al Concejo Deliberante la aprobación de la transferencia de dos terrenos a los centros de jubilados “Tol-Wen” y “No me olvides”. En aquella oportunidad, el presidente del Concejo, Matías Rodríguez Ojeda, dejó en claro que el cuerpo legislativo estaba dispuesto a acompañar cualquier medida que sumara al desarrollo de Tolhuin, pero que lo haría —como dijo textualmente— 'con responsabilidad'.

Esa postura incluyó una pregunta básica: ¿cómo se habían recuperado los terrenos en cuestión, que ahora el Municipio pretendía transferir?

Lejos de oponerse a la iniciativa, los concejales reclamaron información sobre el procedimiento administrativo que precedía a la cesión. La consulta fue interpretada desde el Ejecutivo como un intento de freno o demora, y se sucedieron declaraciones públicas donde se acusaba al Concejo de “poner trabas”, “no estar del lado de los jubilados” e incluso de “boicotear el progreso”.

A un año de ese debate, la causa judicial avanza y revela elementos preocupantes: Los imputados habrían participado de un ingreso sin orden judicial a una propiedad ubicada en calle Santiago Rapatini, propiedad de una vecina ausente por razones de salud. El argumento esgrimido por el Ejecutivo habría sido la “recuperación de un espacio en desuso”, con el objetivo de entregarlo a un centro de jubilados. Pero la falta de aval judicial podría configurar violación de domicilio o abuso de autoridad.

En ese contexto, llama poderosamente la atención que estos pasos hayan sido ejecutados con el aval del secretario de Legal y Técnica del Municipio, el abogado Alexis Sebastián Solís, también imputado. Entonces, ¿fue realmente un “error administrativo”, como lo sugiere el propio intendente? ¿O se actuó con ligereza política, sin medir las consecuencias legales e institucionales y si pasaba, pasaba? 

Durante su reciente descargo público, Harrington afirmó que “podrían haberse equivocado” pero consideró “exagerado” que el caso haya llegado a lo penal. También atribuyó la denuncia a una posible intencionalidad política. Sin embargo, más allá de las interpretaciones, los hechos hablan por sí solos: se avanzó sobre una propiedad sin orden judicial y hoy hay funcionarios municipales imputados en una causa penal.

Desde el Concejo Deliberante, el mensaje desde todos los bloques fue coherente desde el inicio: acompañar todo lo que sea positivo para Tolhuin, pero con responsabilidad, transparencia y dentro del marco legal. No se trataba de desconfianza, sino de prevención. No de frenar, sino de preguntar a tiempo.

El tiempo, y ahora también la Justicia, parecen confirmar que hacer las cosas bien, aun cuando lleva más tiempo, no es poner trabas: es cuidar al Estado, a sus instituciones y a la comunidad.